El Gobierno decidió implementar a partir del 2022 una reducción gradual de la doble indemnización por despidos injustificados. La decisión se confirmó mediante el Decreto 886/21 que se publicó en el Boletín Oficial.
La nueva norma plantea que, en el caso de despido sin causa, el trabajador afectado “tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2022.
En tanto, esa cifra será del 50 por ciento desde marzo y hasta el 30 de abril próximo, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022.
Cabe aclarar que a diferencia de las anteriores prórrogas, la flamante norma no incluye la prohibición de los despidos.
De hecho, en el artículo 2 reconoce la posibilidad de cesantías al detallar las indemnizaciones adicionales que cobrarán los trabajadores “en el caso de despido sin causa durante la vigencia del presente decreto”.
La normativa aclara que los porcentajes indicados “se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”, pero que el monto correspondiente “no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos”, según Infobae.
Además, se remarcó que el beneficio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” de esta ley, que fue implementada por primera vez a mediados de diciembre del 2019, poco después del cambio de Gobierno.
La doble indemnización fue una de las dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el contexto de crisis sanitaria, que fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo bautizó como el “triple cepo” laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.
Desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, negaron que la rigurosidad de esta legislación pueda incidir en el ritmo de generación de empleo. “Nos cuesta pensar en evidencia empírica que demuestre que flexibilizar las normas laborales impacte positivamente, ni siquiera el FMI piensa eso ahora”, señalaron en la cartera de empleo.
No obstante, en agosto pasado las autoridades laborales reconocieron que el empleo privado aún estaba 1,5 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020.
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